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18/10/2017
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“La justicia jujeña violó todas las leyes que protegen a las personas detenidas”
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Así lo afirmó Mara Brawer, coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala.

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Comité por la Libertad de Milagro Sala
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En diálogo con Pajaritos en el Aire, advirtió que “una de las leyes violadas por la Justicia jujeña es la de ejecución penal, que establece que las personas detenidas pueden elegir dónde hacerse los estudios médicos exigidos por la Justicia”, señaló. En esta línea, Brawer relató la secuencia de hechos que culminó en la detención arbitraria de la líder social. “Milagro Sala pide al juzgado del juez Pablo Pullen Llermanos ser internada en una clínica para hacerse estos estudios. El juzgado no responde a este pedido y un día caen 50 policías a la casa a trasladarla al hospital de Jujuy a hacerle los estudios. Ella se niega porque quiere hacerse ver por su médico y además les dice que se está violando la ley de ejecución penal y es así como Pullen Llermanos le tendió una trampa trascribiendo lo que dicen los psicólogos de la Justicia que alegan que Milagro Sala se siente hostigada y requiere seguimiento médico obligatorio: usa su negativa y amparo a una ley como excusa para mandarla a prisión”, precisó. 

Además, Brawer destacó el insólito hecho de que en el mismo expediente, el juez dispone que no se debe notificar a los abogados de Milagro sobre la detención de su defendida. “Nunca en la historia argentina un juez escribió que se debe esconder a los abogados de la detenida sobre las medidas que se toman con respecto a su persona. En la detención de Milagro Sala se violan todas las leyes que protegen a las personas detenidas”, subrayó. “Esto es hostigamiento, como el que están haciendo con la sociedad argentina. Milagro tiene un montón de causas y las únicas que avanzaron son las que tienen que ver con la tirada de huevos. Las causas gravísimas no avanzan, eso es llamativo”, añadió. 

Por último, Brawer anticipó que en breve se realizará en Montevideo una audiencia en la que participarán el CELS junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno, en lo que será “una comisión de seguimiento para que el Estado Nacional cumpla con los tratados internacionales”.

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